Lima, 15/05/2010 (CNR) -- Puntos críticos como la identificación de a quiénes abarcaría la Ley de Consulta Previa, el derecho a veto o si tiene carácter retroactivo, faltan aclarar en el pre dictamen de esta norma, presentado por la Comisión de Constitución del Congreso.
Así lo señaló Mario Palacios, presidente de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), quien aseguró que la iniciativa del citado grupo de trabajo parlamentario distorsiona el tema de la consulta previa.
“No se ha identificado con claridad a quiénes ampararía esta consulta. En todo caso, para nosotros es claro que los beneficiados serán las comunidades nativas en la amazonía y las comunidades campesinas en los andes”, dijo.
Así mismo, señaló que tanto el pre dictamen de la Ley de Consulta Previa como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no establecen si hay veto o no respecto a algún proyecto en tierras nativas o campesinas.
“Otro que es importante que contenga es sobre qué es lo que se va a consultar. ¿Sólo medidas legislativas o también sobre medidas administrativas, como la concesión se proyectos mineros?”, cuestionó.
Así mismo, otro punto que señaló está dentro de las recomendaciones que hace la OIT al Estado peruano sobre los alcances y características que debe tener la consulta. “La OIT plantea claramente que la forma de consultar es vía las organizaciones tradicionales de los pueblos indígenas”, mencionó.
Del mismo modo, Palacios dijo que se debe revisar el rol del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (INDEPA), ya que la Comisión de Constitución señala que dicho organismo debe ser el que realice la consulta.
Este planteamiento es rechazado por el titular de CONACAMI pues considera que “el INDEPA es institución muy degenerada”. En tal sentido, recomendó la creación de un órgano suficientemente independiente que garantice la consulta.
“También está pendiente saber si esta norma, una vez que se apruebe es retroactiva o no. La Comisión de Constitución dice que no. Para nosotros, toda norma implica un nuevo proceso y lo que ya esta concesionado debería adecuase a la nueva norma”, precisó.
Finalmente, refirió que se encuentra en una etapa de lucha contra el tiempo, pues en un mes termina la presente legislatura. “La Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos es la especializada y la de Constitución debe aportar sobre la norma. Sin embargo, no han trabajado en consenso con nosotros, y ahora recién nos quieren incorporar, en el último momento”, finalizó.
Así lo señaló Mario Palacios, presidente de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), quien aseguró que la iniciativa del citado grupo de trabajo parlamentario distorsiona el tema de la consulta previa.
“No se ha identificado con claridad a quiénes ampararía esta consulta. En todo caso, para nosotros es claro que los beneficiados serán las comunidades nativas en la amazonía y las comunidades campesinas en los andes”, dijo.
Así mismo, señaló que tanto el pre dictamen de la Ley de Consulta Previa como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no establecen si hay veto o no respecto a algún proyecto en tierras nativas o campesinas.
“Otro que es importante que contenga es sobre qué es lo que se va a consultar. ¿Sólo medidas legislativas o también sobre medidas administrativas, como la concesión se proyectos mineros?”, cuestionó.
Así mismo, otro punto que señaló está dentro de las recomendaciones que hace la OIT al Estado peruano sobre los alcances y características que debe tener la consulta. “La OIT plantea claramente que la forma de consultar es vía las organizaciones tradicionales de los pueblos indígenas”, mencionó.
Del mismo modo, Palacios dijo que se debe revisar el rol del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (INDEPA), ya que la Comisión de Constitución señala que dicho organismo debe ser el que realice la consulta.
Este planteamiento es rechazado por el titular de CONACAMI pues considera que “el INDEPA es institución muy degenerada”. En tal sentido, recomendó la creación de un órgano suficientemente independiente que garantice la consulta.
“También está pendiente saber si esta norma, una vez que se apruebe es retroactiva o no. La Comisión de Constitución dice que no. Para nosotros, toda norma implica un nuevo proceso y lo que ya esta concesionado debería adecuase a la nueva norma”, precisó.
Finalmente, refirió que se encuentra en una etapa de lucha contra el tiempo, pues en un mes termina la presente legislatura. “La Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos es la especializada y la de Constitución debe aportar sobre la norma. Sin embargo, no han trabajado en consenso con nosotros, y ahora recién nos quieren incorporar, en el último momento”, finalizó.
