Con el objetivo de profundizar en los temas de fiscalización ambiental minera y en sus fortalezas y debilidades, Comunicaciones Aliadas organizó el conversatorio "Fiscalización y sanción en materia ambiental" dirigido a periodistas, y en el que participaron como ponentes el Ing. Guillermo Shinno, gerente de Fiscalización Minera de Osinergmin y la doctora Ana Leyva, Secretaria Ejecutiva de la Red Muqui.
Durante su ponencia, el Ing. Shinno se refirió a las funciones de fiscalización ambiental minera que realiza Osinergmin desde 2007 sobre las 150 unidades mineras que se encuentran en la etapa de explotación, las mismas que comprenden 86 empresas mineras.
"Nuestra función es encargarnos de la supervisión del cumplimiento de normas de seguridad e higiene minera, así como del cumplimiento de las normas de protección y conservación del ambiente. Esto es solo para la mediana y gran minería", sostuvo el Ing. Shinno.
En cuanto a la fiscalización en la etapa de exploración, el representante de Osinegmin manifestó que su institución está elaborando un programa que se aplicaría a todos los proyectos mineros y que tendría como eje principal promover un acercamiento previo a las actividades de exploración entre las comunidades y las empresas mineras, a fin de que las primeras conozcan mejor el trabajo que se pretende realizar en su zona.
"Si bien depende de los geólogos saber si será factible o no un determinado proyecto minero, creemos que lo primero que debería existir es un acercamiento hacia la población con antropólogos y sociólogos que debería durar, por lo menos, un año", agregó Shinno.
De otro lado, el funcionario informó que actualmente Osinergmin aplica un reglamento de sanciones elaborado por el Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, adelantó que para diciembre de este año, el organismo fiscalizador lanzará una nueva escala de sanciones en lo referido a seguridad e higiene minera y que el próximo año pretende hacer lo mismo con lo referido a protección y conservación del ambiente, a fin de que la multa sea mayor a lo que se ahorraría la empresa minera por no cumplir la normas ambientales pertinentes.
Aportes a la OEFA
Por su parte, la doctora Ana Leyva, secretaria ejecutiva de la Red Muqui, informó que se está elaborando un documento desde la sociedad civil para aportar en el debate sobre la fiscalización ambiental minera, en el marco de la implementación del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
En ese sentido, la doctora Leyva advirtió que se requiere homogenizar los procedimientos de los diversos sectores que cuentan con fiscalizadores independientes a la funición promotora de la actividad productiva o de servicios. "Para ello, la OEFA debería aplicar un criterio homogéneo para el desarrollo de un sistema de fiscalización, procedimiento administrativo sancionador, tipificación y escala de multas y sanciones, criterios para imposición de sanciones, entre otros", indicó.
Del mismo modo, indicó que se debería fortalecer la intervención de las autoridades regionales en la fiscalización ambiental, así como potenciar a la procuraduría ambiental para que se encargue de la defensa del interés público.
Además, en el largo plazo, se debería contar con una autoridad única en el ámbito del Poder Ejecutivo con la independencia, competencias y recursos necesarios. Mientras esto se implementa, las resoluciones de primera instancia deben seguir a cargo de la Gerencia General del Osinergmin, bajo los lineamientos del MINAM y su supervisión funcional. Asimismo, que los recursos impugnativos de estas resoluciones pasen al ámbito del Tribunal de Solución de Controversias Ambientales del MINAM, a efectos de lograr criterios interpretativos homogéneos en los diversos ámbitos de la legislación ambiental
Propuestas para la fiscalización ambiental minera
La secretaria ejecutiva de la Red Muqui también advirtió que la fiscalización ambiental minera actualmente se ve afectada por vacíos normativos, duplicidad de funciones, falta de exigibilidad del contenido de las normas, estándares ambientales poco exigente, competencias ambientales transferidas pero no implementadas, su tardía aplicación en el proceso minero, entre otros. Por ello, resaltó la necesidad de actualizar el Reglamento para la Protección Ambiental de las Actividades Minero Metalúrgicas y sus normas complementarias, con la opinión previa favorable del Ministerio del Ambiente (MINAM).
Asimismo, la doctora Leyva sostuvo que debe señalarse como falta sancionable el incumplimiento de los compromisos establecidos en los estudios ambientales.
"Además, se debe realizar una revisión detallada de los compromisos ambientales existentes, y de los problemas ambientales verificados en el campo, y con ello debe de realizarse la actualización de los planes de manejo y de ser el caso, exigirse la elaboración de un estudio ambiental complementario", agregó.
De otro lado, la doctora Leyva manifestó que se requiere la realización de una auditoría general del cumplimiento de los PAMAs que verifique no solo el cumplimiento de los niveles de inversión comprometidos, sino también la solución de los problemas ambientales detectados
En lo relacionado a las sanciones, la doctora Leyva señaló que se requiere una revisión de la normativa que regula el procedimiento de revisión judicial de las resoluciones administrativas a efectos de asegurar que la ejecución de resoluciones de sanción ambiental no puedan ser suspendidas mediante medidas cautelares.
También añadió que se deben establecer mecanismos ágiles y directos de comunicación entre la población y la entidad fiscalizadora, como por ejemplo la publicación de las resoluciones de sanción de aquellas que establecen medidas cautelares, medidas de seguridad o similares que restringen el ejercicio de las actividades mineras, a fin de que la población percibe que las sanciones ambientales se aplican con celeridad.
Sobre los servicios que brindan los supervisores ambientales, la secretaria ejecutiva de la Red Muqui advirtió que estos no se dedican a tiempo completo a las tareas propias del cargo que desempeñan, "pudiendo brindar otros servicios a las empresas del rubro, lo que puede llevar a que se presenten conflictos de intereses".
Al respecto señaló que "se debería permitir que la contratación de supervisores sea directamente con las personas naturales registradas y por un tiempo determinado como ocurre en las demás gerencias de línea de OSINERGMIN".