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García busca control de todos los poderes

Mario Huamán también habla sobre la criminalización de protestas y conexión Montesinos-García. “Caso Madre de Dios se parece demasiado a los sucesos del Banco de la Nación”, dice.


Huamán: “Tomando casos aislados del paro, el gobierno pretende criminalizar todas las protestas”.
DETALLE: Durante el Paro Nacional, la sede de la Casa de Gobierno de Madre de Dios fue incendiada. De inmediato, los representantes del gobierno, como el presidente García y el premier Del Castillo culparon de ello a los manifestantes llamándolos “turbas primitivas” y exigieron a los organizadores del paro que respondan por estos hechos. Este caso, según Huamán, se parece al de la destrucción del Banco de la Nación, durante la Marcha de los Cuatro Suyos el 28 de julio de 2000.


El presidente García insiste en avalar lo dicho por Montesinos contra el Sutep…Será porque tienen muchas coincidencias… yo pienso que darle credibilidad a Montesinos constituye una afrenta a los peruanos.


¿A qué atribuye esta actitud de García?
A que la ligazón del APRA con Montesinos no es un hecho aislado sino orgánico. Recordemos que Agustín Mantilla, siendo secretario general del APRA y ex ministro del Interior recibió 30 mil dólares de Montesinos.

¿García luchó con ustedes contra la dictadura?
No. Él huyó cuando su casa fue allanada. Luego se vio obligado a pedir asilo en Colombia y después se fue a París.

¿Qué ve detrás de la criminalización de la protesta?
Será un gran problema; y es que García cree que puede dirigir todos los poderes del país. Cuando eso ocurre, cuando se invade el fuero del Poder Legislativo y el Congreso no ejercita el control político, se convierte en un gobierno autoritario con signos dictatoriales.

¿Qué pasó en Madre de Dios?
Es algo que debe investigarse. La CGTP de Madre de Dios nos comunicó que la marcha, en su tercer día de paro, transcurría sin ningún contratiempo…

¿Con qué hecho lo compararía?
Los incendios de Madre de Dios y del Banco de la Nación se parecen mucho. Ahora que están halagando al señor Montesinos, alguna vinculación deben tener. Hay que investigar lo de Madre de Dios.

¿Las protestas responden a consignas foráneas?
Es un invento del presidente García, porque le hemos pedido que cumpla sus compromisos en materia económica, política y social. Él ingresó con banderas de cambio; urge por lo tanto, que se haga una mea culpa y deje de decir que sólo el dos por ciento paró.

¿Buscan desestabilizar el país?
No somos enemigos de la democracia sino parte de ella, pero queremos que tenga su componente económico y social. El crecimiento tiene que ir acompañado de distribución, aumento de sueldos, salarios y pensiones.

¿Hay un complot para derrocar al gobierno?
Si es que hay un complot, es del propio gobierno que no cumple sus ofrecimientos electorales.

¿El 4 de noviembre habrá otro paro?
El 4 de noviembre no hay huelga (risas)… El servicio de inteligencia del APRA está por los suelos, lo cual demuestra el estado de nervios del Ejecutivo, su ceguera política, su sordera…

¿Qué pasará entonces?
Para ese día se ha convocado a la Asamblea Nacional de los Pueblos, que supone una unidad mayor a la expresada en la Coordinadora Política y Social.


Vilma Escalante
Redacción

Militarizar VRAE

Es la consigna de la prolongación del Estado de Emergencia en el centro del país, dice Tapia. Waisman afirma que es consecuencia del paro.


Analista afirma que Gobierno quiere presencia militar en VRAE.

DETALLE: La norma es refrendada por el presidente de la República, Alan García Pérez; el jefe del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo; los ministros de Defensa, Antero Flores-Aráoz; del Interior, Luis Alva Castro; y de Justicia, Rosario Fernández.

El Gobierno prorrogó el estado de emergencia en diversas provincias y distritos de Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Junín; según el Decreto Supremo Nº 046-2008 publicado en el Boletín de Normas Legales del diario El Peruano. Para el analista Carlos Tapia, esta medida no es más que la continuación de una estrategia para copar con militares norteamericanas la zona del Valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE). “Con esto el problema de los cultivos de hojas de coca va continuar y hasta se podría agravar”, dijo Tapia.Mientras que para el congresista David Waisman, la prolongación del estado de emergencia es consecuencia del paro nacional realizado el último miércoles. El referido decreto señala que por 60 días, a partir del 18 de julio, la medida se prorroga en las provincias ayacuchanas de Huanta y La Mar; en la provincia huancavelicana de Tayacaja, y en los distritos de Kimbiri, Pichari y Vilcabamba, de la provincia cusqueña de La Convención. De igual manera en la provincia de Satipo, en los distritos de Andamarca y Comas de la provincia de Concepción y en los distritos de Santo Domingo de Acobamba y Pariahuanca de la provincia de Huancayo, en el departamento de Junín, señala el dispositivo. Además, se indica que esta medida responde a que “está por vencer el plazo de vigencia del actual estado de emergencia, por lo que aún subsisten las condiciones contrarias al orden interno que determinaron la ampliación de la declaratoria en las provincias y distritos mencionados”.

Sentados en un banco de oro



César Hildebrandt
Al escribir estas líneas acababa de morir en Pataz, región La Libertad, Manuel Yupanqui Ramos (23 años).
Yupanqui era uno de los seis mineros heridos de bala por la policía en las cercanías del yacimiento de oro que explota en Pataz Minera Aurífera Retamas S.A. (MARSA).
Un compañero de labores llamado Rosario Castillo Ramos había sido operado de emergencia por una herida de bala en el abdomen y su estado era grave. Yupanqui fue herido en el pecho.
Otros cuatro trabajadores presentaban lesiones de armas de fuego, pero tenían un buen pronóstico médico.Todo ocurrió ayer. Y según la versión del secretario general de la Federación de Trabajadores Mineros, Luis Castillo, todos los testigos señalan que la policía parecía tener órdenes de provocar el enfrentamiento.
“Los mineros estaban protestando pacíficamente y la policía llegó de otro sitio para rodearlos. No había ninguna necesidad de hacer eso porque nadie estaba causando daños a nada ni a nadie. Sólo se estaba protestando porque MARSA se niega a entregar las utilidades que corresponden al año 2007”, dijo Castillo a una emisora radial de Trujillo.La verdad completa es que algunos piquetes de los dos mil mineros que han paralizado sus labores habían bloqueado la carretera que conduce a Pataz. En la conciencia del ministro Alva Castro se librará el debate en torno a si despejar una carretera vale un muerto y otros cinco heridos de bala.
Lo cierto es que doscientos policías salieron de Tayabamba rumbo al anexo de Llacuabamba, distrito de Parcoy y provincia de Pataz, requeridos por los ejecutivos de MARSA, cumpliendo órdenes impartidas desde Lima por el ministerio del Interior y dispuestos a escarmentar a quienes empezaron el 30 de Junio una huelga sectorial que fue levantada hace tres días pero que ellos prosiguieron a nivel local.Y por supuesto que MARSA se parapeta, entre otros argumentos, en el hecho de que la ley sobre el reparto de las utilidades mineras está atorada en los drenajes siempre a tope del Congreso -y en esto la bancada del señor Ollanta Humala tiene una gran cuota de responsabilidad-.Si en las próximas horas sucede algo aún más grave que lo que ha pasado ayer, nadie podrá decir que no estuvo notificado de la situación.
Los auxilios bomberiles del régimen parecen haber empezado también una huelga de brazos cruzados.Si el dinero fuera líquido, las empresas mineras tendrían mar propio y océano comanditario. Entre 1990 y el 2007 las exportaciones minerales pasaron de tres mil millones a diecisiete mil trescientos millones de dólares. Y mientras, en ese mismo lapso, el PBI genérico creció un 109 por ciento, el PBI minero lo hizo en un 135 por ciento. Sólo el año pasado MARSA incrementó su producción en 36 por ciento.
Pero así como la del guano fue “la prosperidad falaz”, la abundancia minera resulta un cruel espejismo para la mayor parte de los trabajadores del sector. De los 101,192 trabajadores mineros censados por el ministerio de Energía y Minas sólo el 36 por ciento está en planilla (“empleo decente”, para usar la terminología del doctor García).
El resto labora bajo el régimen de contratas, en subsidiarias muchas veces engañosas de las propias mineras, y con precarios contratos que se renuevan cada tres o seis meses. Y el salario promedio de un service está entre los 25 y los 30 soles diarios, uno de los más bajos de América Latina. ¿Y cuánto gana un trabajador de socavón formalizado en la planilla de Shougang? Pues 43 soles diarios, un jornal que poco tiene que ver con las cifras de la bonanza corporativa y menos todavía con un oficio que conoce de jornadas de doce horas diarias y reduce en diez años el promedio de expectativa de vida.
Para no hablar de la siniestralidad, que en un 75% de los casos ocurre, cuando de accidentes fatales se trata, en los llamados services mineros, ínsulas infames donde las leyes no llegan y la atmósfera es la de las viejas enganchadoras que se mueven como sombras en el “Tungsteno” de Vallejo y en la saga del Garabombo que Scorza hizo galopar.Las cinco primeras empresas del Perú en la lista del éxito hecha por la publicación “The Top 10,000” son mineras.
Y la primera es Southern, que sólo en el 2006 tuvo utilidades netas (después de pagar impuestos) por valor de 1,273 millones de dólares. Y un cálculo de Humberto Campodónico respecto de las sobreganancias mineras en el 2007–es decir lo que obtuvieron como añadido por el incremento de ese año en el precio internacional de los metales- nos pone ante la sideral cifra de 12,000 millones de soles. Estamos hablando de 12,000 millones de soles ¡sólo de sobreganancias! ¡Y de 22,000 millones por el mismo concepto si sumamos los años 2005 y 2006!Eso está muy bien. Pero estaría mucho mejor si esa cornucopia salida del Reino de Nunca Jamás fuese menos mezquina con los de abajo y si el gobierno hubiese llegado a un arreglo más digno con la gran minería. Sólo con un razonable 10% de impuestos sobre esas ganancias no previstas el Estado habría obtenido dos mil y doscientos millones de soles para hacer obra social.Mientras tanto, en MARSA, aquella mina que Raimondi merodeó con su vista de lince, a los mineros los abalea una policía que parece la Forza de Yanacocha, la benemérita de la Cerro de Pasco, la de asalto de los tiempos de Toquepala.
Y es que cuando García habla de “conspiración comunista para traerse abajo la democracia” no sólo está rebobinándose a los tiempos del muro de Berlín sino que está emitiendo señales químicas que Alva Castro interpreta salivando y el general Salazar rastrillando y los descendientes del famoso Marsano del fujimorismo mirando sentados en su banco de oro.
Todo como siempre.

Otro muerto en el prontuario


César Lévano

Alan García debe de sentirse feliz. Ya tiene otro muerto en su prontuario. Un minero acribillado, en Pataz, es su nuevo galardón.Se ha cumplido al pie de la letra el Decreto Legislativo que dictó en julio del año pasado, el cual modificaba el artículo 20 del Código Penal y autorizaba a la fuerza pública a matar o causar lesiones, siempre que sea con sus armas de reglamento.“Si así lo hicieren, gozarán de impunidad”, subrayamos en nuestra columna del 25 de julio del 2007.

El nuevo crimen del régimen alanista no sólo confirma su naturaleza represiva y prooligárquica, sino que revela hasta qué punto se incumplen las recientes medidas, supuestamente, favorables al sector laboral.En efecto, los 3,900 trabajadores de la empresa Minera Aurífera Retama S.A. (Marsa) estaban en huelga desde el 30 de junio. Reclamaban su participación en las utilidades del 2006 y el 2007 que Marsa les desconoce, escudándose en nueve empresas contratistas, es decir, nueve services.Por supuesto, los trabajadores habían acudido, inútilmente, a las autoridades del Ministerio de Trabajo.No hubo enfrentamiento.

Ocurrió una agresión policial, ordenada desde Lima. Aparte del obrero muerto, Miguel Jesús Yupanqui, hay, cuando esto escribimos, otro, Rosario Castillo, en estado muy grave, y varios heridos más.Para García, el de ayer debe de haber sido de gran contentamiento. En primerísimo lugar porque su compañero Carlos Mesía ha asumido la presidencia del Tribunal Constitucional, justo en una época en que éste debe ver la matanza de los penales consumada por orden del Presidente Alan García (primer período) en complicidad con Luis Giampietri, hoy vicepresidente de la República.Puede parecer anecdótico, pero el hecho es que el lunes último Jorge del Castillo, presidente del Consejo de Ministros, acudió al Tribunal Constitucional y se encerró allí con el doctor César Landa, el ahora renunciante presidente del Tribunal. Según rumores fundados, fue a presionar y amenazar.García y su entorno están muy preocupados por el caso de la matanza de los penales, en particular El Frontón. Les conviene que el Tribunal Constitucional se pronuncie en su favor, aunque, como es sabido, los delitos contra los derechos humanos no prescriben.

Detrás de los balazos contra los mineros hay un contexto amenazante. Sus expresiones son:

1. La campaña de calumnias contra la CGTP y las organizaciones políticas y sociales del pueblo.

2. El afán de enjuiciar y apresar a los dirigentes sindicales.

3. La persistencia de medidas contra los obreros y los campesinos, medidas a las cuales se “reforma” para empeorarlas.

El trasfondo es el miedo, el pavor del régimen frente al rechazo del país, cuando se acerca su segundo aniversario y en el horizonte se espesan las nubes de una crisis económica.

Represión policial deja minero muerto

200 policías enfrentan a mineros en Pataz. Otros cinco obreros de Marsa se debaten entre la vida y la muerte.


Protestaban por sus derechos, fueron reprimidos y baleados por los policías.

Más represión mortal. Un minero de la empresa la Minera Aurífera Retama S.A. (MARSA) falleció abaleado como resultado de la violenta represión ejercida por 200 policías de la Dirección de Operaciones Especiales (DIROES) de la Policía en el distrito Parcoy, provincia de Pataz, departamento de La Libertad, lugar donde se encontraban concentrados los mineros y principal entrada de la mina, que se mantiene cerrada hace 13 días como medida de protesta, siendo la queja principal que el sistema de contratas o tercerización (empresas fachada) deja sin derechos a miles de trabajadores.Según informó el corresponsal de LA PRIMERA, Juan Guerrero, la victima mortal fue identificada como Miguel Jesús Yupanqui Ramos, mientras que otros cinco resultaron heridos de bala, siendo el estado de Rosario Castillo Ramos (35) el más grave, ya que los proyectiles perforaron sus intestinos. Los otros heridos son: Jorge Huanaco Tutupa (30), Ricardo Chava Gómez (49), Luis Saldaña Enríquez (28) y Walter Ruiz Romero. Se supo que otro destacamento llegaba en camino, los trabajadores quisieron repelerlos, pero recibieron disparos en respuesta. Luis Castillo, secretario general de la Federación de Trabajadores Mineros (FNTMMSP) informó a LA PRIMERA que los trabajadores de MARSA no tomaron la mina, sino que estaban realizando sus actividades de protesta en otro sector pero fueron "provocados" por la Policía.Sostuvo además que realizaron su medida de fuerza el 30 de junio, junto a la paralización de la Federación Minera, pero que ellos no levantaron su huelga debido a que los representantes de la empresa incumplen los compromisos asumidos referentes al pago de las utilidades de los años 2006 y 2007 para 3 mil 900 trabajadores.El conflictoCastillo explicó que los obreros trabajan formalmente para nueve empresas contratistas, las cuales sirven de “fachada” a la empresa Marsa, que no reconoce las utilidades de 3900 trabajadores mineros aduciendo que acumularon pérdidas, algo desmentido por el dirigente minero ya que son uno de los principales extractores de oro. Sostuvo además que las dependencias del Ministerio de Trabajo no defienden los derechos laborales de los trabajadores, pues mencionó que en la minera Marsa se realizó una inspección, por la cual se ordenó el pase a planilla de 2 mil trabajadores, sin embargo la dirección Regional de Trujillo regresó a fojas cero el expediente, ocurriendo lo mismo en otras regiones.
Dayhana Cam
Redacción

LA GOBERNABILIDAD EN AMERICA LATINA

Darío Salinas Figueredo


Introducción
A partir de los años 80 la globalización ha venido acentuando su presencia en al ámbito de las discusiones, los análisis, y en las preocupaciones de la política. Las menciones a la globalización se constituyen, en este sentido, en punto ineludible cuyo alcance parece dotar inmediatamente de un esquema referencial a muchos de los acercamientos sobre los actuales fenómenos sociales o políticos. Sin ser idénticos al “pensamiento único”, surgen a veces puntos de vista que conciben cualquier alternativa a la globalización como sinónimo de aislamiento, asumiendo el orden mundial actual y sus expresiones de modernización en su carácter imperativo. Desde cierta perspectiva de la literatura disponible, el término globalización remite a las drásticas transformaciones que han tenido en los procesos que corresponden al orden mundial en sus dimensiones políticas y económicas.

Sin embargo, más allá de su uso generalizado, frecuentemente con notable laxitud, en algunos autores es motivo de atención importante el hecho de que estemos en presencia de una palabra escasamente definida, “probablemente la menos comprendida, la más nebulosa y políticamente la más eficaz” (Beck, 1998, 40). Coincidiendo también sobre su uso generalizado, otro autor subraya que la globalización “no es un objeto de estudio claramente delimitado, ni un paradigma científico ni económico, político ni cultural, que pueda postularse como modelo único de desarrollo” (García Canclini, 1999, 13). La fuerza afirmativa de tales posturas probablemente tiene que ver con la fuerza con que tiende a asumirse la aparente inexorabilidad del fenómeno, que en la perspectiva de su desarrollo no parece admitir visiones distintas.

Un proceso de tal envergadura, que al impulsar transformaciones ejecuta su “ajustar cuentas” con un pasado económico, político e institucional, no podría sino impactar a su turno también a la política y a las concepciones predominantes. No en vano se viene hablando de un “nuevo orden” con pretensiones de imprimirle un sentido universal. Y ese nuevo orden tiene conexiones explicativas con la reconstitución del capitalismo y con las causas vinculadas al derrumbe del “socialismo real”. Este nuevo orden va de la mano con el término de ese maniqueo y amenazador mundo bipolar y la consecuente reconstitución de las coordenadas del poder político.

Parece conveniente entonces preguntarse, de nueva cuenta, cómo ha venido impactado esta nueva situación en los procesos que caracterizan la realidad latinoamericana y cuáles son las visiones y posicionamientos políticos más relevantes que se han venido configurando. Después de un tramo ya recorrido con la experiencia actual de globalización, a la luz de sus efectos y articulaciones en países como los nuestros, es importante intentar un ordenamiento de las ideas involucradas en su formulación, especialmente aquellas que guardan relación directa o indirecta con las tesis favorables a la reproducción del fenómeno en cuestión.
Acerca del poder global
Comencemos por destacar que la atmósfera de distensión mundial que se supuso acompañaría al fin del “bipolarismo” por ningún lado logró mostrar beneficio alguno en esta parte de la región y en la “periferia”. La desaparición del conflicto Este-Oeste, que hoy es ciertamente un asunto del pasado, no ha modificado la antigua confrontación Norte-Sur. El que esa confrontación prosiga en la actualidad, prácticamente sin contrapesos al desaparecer el eje transversal Este-Oeste, constituye una dato crucial para el análisis de América Latina.
En tal contexto, la hipótesis de que la “periferia”, es decir, el Sur, es hoy más vulnerable que en el pasado no resulta exagerada. Más vulnerable en su relación histórica y estructuralmente desigual con los países altamente desa-rrollados, especialmente Estados Unidos, que disponen de mayor poderío económico, político, comunicacional y militar, en la medida en que se encuentran liberados de sus conflictos con el otrora bloque socialista.

Las secuelas de una “década perdida para el desarrollo”, la de los años 80, la desigual e inconsistente dinámica de recuperación económica en la década de 1990 y el avance lento y frágil de los procesos de transición a la democracia contribuyen a acentuar esta vulnerabilidad, especialmente en el terreno donde el ejercicio de la soberanía adquiere importancia. En el actual esquema sobre el que descansa el ordenamiento del sistema económico-político internacional, la cuota de soberanía ejercida se restringe impactando a su turno en las modalidades que asumen las estructuras políticas internas de decisión y participación (Salinas, 1994).

Por otra parte, conviene recordar, que se ha llegado a pensar que la extinción del socialismo habría de favorecer las condiciones políticas requeridas para fortalecer la capacidad de decisión de América Latina, en la medida en que nuestros conflictos sociales y las legítimas demandas de autodeterminación ya no aparecerían acotadas ideológicamente por el conflicto entre capitalismo y socialismo. No hay que olvidar que esta confrontación ha sido una recurrente razón esgrimida por la política de EEUU, en los hechos durante casi 50 años, para justificar diferentes modalidades de intervención en los asuntos internos de América Latina y el Caribe (Garcés, 1996). Si todo esto fue así, lo lógico es que hoy ya no existan forzadas construcciones que pudieran movilizarse para pretextar lesivas formas políticas de intromisión bajo el supuesto de la “amenaza externa”.

Sin embargo, en la medida en que la relación de confrontación Norte-Sur continúa, y proliferan tensiones y conflictos en diversas zonas del mundo en los cuales la política norteamericana –por su propia índole– constituye un factor de importancia decisiva, se produce correlativamente todo un realineamiento en el paralelogramo de fuerzas en cuyo proceso de definición sobresalen el uso de la violencia, la amenaza de la fuerza, la extinción de los lazos de cooperación o solidaridad, la falta de concertación y la dudosa eficacia del sistema internacional heredado del período de la Guerra Fría.

La hipótesis de un proceso, pos-Guerra Fría, encaminado a conformar una estructura de poder policéntrica (Baró, 1997, 101), caracterizada por un juego de relativo equilibrio de fuerzas entre Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, y la gravitación de Alemania en ésta, siendo sugerente no parece enteramente plausible. Otra, situada en una tesis conceptual diferente, formula que después de la Guerra Fría el núcleo de la política global será la interacción lo que supondría la existencia de disposición o capacidad para asumir las diferencias entre civilizaciones y comunidades (Huntington, 1996, 59). El “fin de la historia”, que hace referencia al término de un pasado, la desaparición de una rivalidad intersistémica y el anuncio de una “nueva civilización”, es probablemente el otro ropaje con que se presenta la reestructuración del sistema capitalista a escala mundial presagiando una nueva era para las relaciones económicas y políticas (Fukuyama, 1990).

El registro histórico parece sugerir otra cosa. La invasión a Panamá –in-mediatamente después del retiro de las tropas del ejército soviético de Afganistán–, la política de encono hacia Cuba, la guerra del Golfo Pérsico –con su pretensión de fondo por ejercer dominio absoluto sobre el petróleo de la región del Medio Oriente–, el bombardeo a Servia con decisión de la OTAN y las acciones bélicas con apoyo internacional en contra del territorio afgano invocando una “guerra contra el terrorismo”, son hechos contundentes de la historia reciente que pautan el comportamiento de una potencia. Lejos de una política de acatamiento al principio de equilibrio, la concertación y el apego a los compromisos internacionales, lo que sobresale es la disposición de una potencia, con apoyo de una estructura de poder global, que actúa sin contrapesos y en esa medida se siente capaz de imponer unilateralmente una visión del mundo.

Desde un enfoque autorreflexivo, de quien fuera director de Asuntos Latinoamericanos y del Caribe en el Consejo de Seguridad Nacional, y sin alejarse de las preocupaciones de la seguridad norteamericana, se pregunta: “¿qué tan permanente son los cambios que han puesto fin a la Guerra Fría?” (Pastor, 1995, 238). Rescatamos algunas ideas centrales esgrimidas por Pastor en su libro: el nudo gordiano de la seguridad norteamericana, en la época posterior a la Guerra Fría, está vinculado a la inestabilidad, la intervención y el flujo masivo de refugiados, así como el narcotráfico y el terrorismo. A su pregunta de cómo resolver estos problemas y salirse de lo que metafóricamente llama “el remolino”, formula una respuesta importante: renunciar a la intervención unilateral y encabezar el establecimiento de un nuevo sistema para la defensa colectiva de la democracia.

A contrapelo de la prudencia y la sensatez, se puede constatar que las concepciones unilaterales, no obstante el fin de la Guerra Fría, prevalecen en la política de EEUU. Por sobre algunos razonables posicionamientos, sobresale la negativa de la política norteamericana de hacer sentir su peso sobre Israel en el conflicto con los palestinos. Esto no se desvincula de su oposición al Protocolo de Kioto para acuerdos ambientales sobre calentamiento global, el anuncio de terminar unilateralmente con el tratado de misíles antibalísticos, el haberse sustraído de los esfuerzos encaminados a controlar las armas biológicas y a limitar la proliferación nuclear (Brecher, 2001, 6).
Invocaciones vinculadas a la globalización
Cuando se plantea, tal como ha venido ocurriendo, la importancia de asumir la globalización, conviene hacerlo con la preocupación puesta en las dimensiones reales de América Latina y el rumbo del sistema económico mundial con el cual nuestras economías mantienen lazos de dependencia e interdependencia. Un requerimiento analítico básico sugiere la importancia de distinguir dos niveles: las transformaciones reales advertibles a partir de ciertos indicadores y lo referido a las construcciones cuyas invocaciones acompañan a las transformaciones en curso. Pongamos énfasis en el segundo sin desdibujar al primero.
Por diversas razones históricas, que no vienen al caso reeditar aquí, siempre ha sido una gran dificultad el intento de construir y proyectar una mirada propia desde América Latina. Este punto de partida en un contexto de globalización es mucho más que una premisa. Porque en estos tiempos las construcciones muy rápidamente tienden a aparecer como si pertenecieran al espacio natural del sentido común; como si “lo que es bueno para una de las partes sea también bueno para el todo” (Galeano, 1977, 12).

Esto concierne a las preocupaciones que comprometen las formas de entender y representar los fenómenos sociales de nuestro tiempo. Es aquí donde la aparente convicción que el término globalización acarrea debiera provocar, más que la aceptación inmediata, al menos el beneficio de la duda teniendo en cuenta algunos datos generales que se refieren a aspectos fundamentales de la región.

“Una amenaza es la posibilidad de quedar deslumbrados por los reformadores mundiales del mercado” (Beck, 1998, 163). La percepción del sociólogo alemán no es antojadiza ni aislada. En perspectiva analítica semejante es posible encontrar que en el llamado “nuevo orden económico internacional” prevalece más bien el desorden por doquier, la incertidumbre y una competencia despiadada (Fernández Durán, 1994). Difícil sería no reconocer el dinámico juego de tensiones y disputas tanto en el terreno de la producción como en el de la distribución y comercialización, principalmente entre las economías desarrolladas, así como el de los grandes capitales y bloques económicos que dinamizan los mercados. La lógica que comanda estas dinámicas obedece a la teoría de la competencia. Cualquier indicio de establecer relaciones que se vinculen con la idea de cooperación, en tal perspectiva, simplemente no tiene cabida.

La construcción, de signo casi apocalíptico, que hace referencia al término de un pasado y el anuncio de una nueva época, es parte de la envoltura con que se representa el proceso de reestructuración del sistema capitalista en períodos. La constelación conceptual se ha venido dibujando previamente. Borrón y cuenta nueva frente al pasado y la hipótesis de un porvenir sin ideologías (Fukuyama, 1994). Incubado en el itinerario de un “nuevo pensamiento” que al diluir la frontera entre la izquierda y la derecha argumentó que el desafío de este tiempo es la “ideología igualitaria” independientemente de su origen, sea religioso, filosófico o proveniente de las teorías políticas. Esto se entronca con el movimiento francés La Nouvelle École (De Benoist, 1982).

La difusión de la globalización tuvo un hito importante en la formulación de la Iniciativa para las Américas, en 1990. Apoyada en las visiones referidas a las “ventajas competitivas”, esa política se presentó en el discurso político como “asociación para la prosperidad”1. Y el objetivo estratégico se encaminó hacia la creación de zonas de “libre comercio” en una economía mundial concebida sin fronteras2.

Después de casi una década de que la economía mundial se organizó bajo el criterio de “libre mercado” al amparo de las políticas de organismos multilaterales como el FMI y el BM, ante resultados discutibles desde el punto de vista de las expectativas del capital y con inocultables costos sociales, se efectúa una reunión en 1989 cuyos resultados se difundieron bajo la denominación del Consenso de Washington (Willianson, 1993). No interesa reeditar aquí un examen de la ortodoxia del capital financiero, los criterios de política económica que con tal motivo se reafirmaron con validez universal y sus efectos (Guillén Romo, 2000). Tampoco insistir en el grado de consistencia o amplitud de ese consenso ni entre quiénes se ha forjado. Lo que interesa es destacar la propia denominación: el “consenso”. En efecto, el consenso se refriere a una categoría perteneciente al ámbito de la democracia que goza del prestigio suficiente como para ser puesta de entrada en tela de juicio. Debido precisamente a estos complejos movimientos de trucajes es que conviene no pasar por alto las invocaciones vinculadas a la globalización.

Significa entonces que estamos ante una dimensión no secundaria de la realidad actual. Mientras tanto, lo que en nombre de la globalización ha venido ocurriendo se nos presenta como un hecho inevitable, como una realidad dada3, tanto que todas las medidas o decisiones parecen deberse a ese fenómeno que ha adquirido carta de ciudadanía universal frente al cual, aparentemente, no existen otras posibilidades. Se trata de la única dinámica posible y consecuentemente resultaría casi impensable que pudiera existir otro ángulo de observación diferente. Y puesto que el fenómeno en cuestión no admite, en teoría, otras lecturas, quedan sólo los caminos conducentes a una conducta de “acoplamiento adaptativo” o “de rápida integración” para no quedar fuera o rezagado. “Desacoplarse de la globalización o de la integración significa caer en atraso tecnológico y perder las posibilidades de beneficiarse en cuanto a la exportación e importación, así como de la comunicación” (Benecke, 1999, 16). “Aceptar la mundialización, rechazar la marginación”4 dice otras de las expresiones pertenecientes al mismo ámbito de apreciación. Dentro de este esquema su desenvolvimiento apela al desarrollo de un hipotético “campo de oportunidades”, aunque nunca queda explicitado el sujeto destinatario o los intereses que habrían de beneficiarse. En tal perspectiva, cualquier cuestionamiento a la globalización queda expuesto a aparecer como una posición fuera de la historia o falto de realismo.
Por sobre tales visiones, sin embargo, conviene dimensionar su proyección desde algunas características de fondo que tipifican a la región. Los datos disponibles al momento de impulsarse algunas de las ideas que acompañan a la globalización indican que América Latina representaba 9% de la población mundial, generaba no más de 8% del producto global, participaba con cerca de 4% del comercio internacional, controlaba sólo 1,5% de las exportaciones de bienes de capital y realizaba apenas 1,3% del gasto mundial en investigación y desarrollo5. Estos registros hacen parte de estructuras y tendencias que no se han modificado. La traducción de estas dimensiones tienen que ver con el hecho de que en la dinámica del sistema internacional América Latina es más marginal y menores también sus posibilidades de influir en el campo político de las decisiones mundiales6.

De ser válido el arribo del razonamiento anterior, habría otros indicadores apuntando en la misma dirección y de paso serviría para revalorar el significado de los discursos sobre la integración al mercado mundial. En 1950 América Latina originaba 12,4% de las exportaciones mundiales; en 1960 ese valor caía a 7,7%; en 1970 a 5,5%; en 1980 generaba 5,4% y al inicio de la década de 1990 era de 4,2%7. Esta tendencia no se ha alterado al finalizar la década recién pasada (Cepal, 2000). Y hay otra referencia que suele estar ausente en los asuntos de la globalización y la integración: la brecha que separa a los países ricos de los países pobres es mayor que en el pasado. Los países desarrollados según el informe del PNUD concentran cerca de 79% del PIB mundial. Los llamados en “vías de desarrollo”, en cambio, que representan a casi 80% de la población, producen apenas 21% del producto mundial. Según el Banco Mundial se registra que el ingreso promedio de los 20 países más ricos es 37 veces mayor que el de las 20 naciones más pobres8.

Estos registros pueden ser importantes para evitar omisiones cuyo trasfondo tiene que ver con un desenvolvimiento que destaca las grandes desigualdades como problema a dilucidar, y que requieren de otros análisis y propuestas que sean más consistentes para pensar en políticas plausibles. Entonces el énfasis debe ser puesto en el campo de una discusión más cuidadosa, frente a la oferta de las visiones predominantes que se inclinan por proyectar una pretendida igualdad de oportunidades para países, regiones y personas. El resultado global no se traduce en grandes logros económicos.

Al hacer la Cepal una evaluación sobre la economía mundial en la década de los 90, señala que en este período la globalización evolucionó desde una suma de economías nacionales vinculadas por flujos de comercio, inversión y financiamiento, hacia la constitución progresiva de una red única de mercados y producción. Como consecuencia, la actividad económica de diversos Estados nacionales experimentó grandes variaciones que dieron, alternativamente, impulso y freno a los países en desarrollo. En tanto, la economía mundial alcanzó durante los 90 una tasa media de crecimiento anual de sólo 2,4%, el nivel más bajo desde la posguerra. Los países desarrollados tuvieron un magro desempeño (2,2%), con la excepción de Estados Unidos en la segunda mitad del decenio (4%). Europa oriental cayó (-3,6%), África creció escasamente (2,2%), en cambio Asia se expandió a tasas elevadas (6,5%) y mejoraron en comparación con la década anterior los ritmos de crecimiento de América Latina (3,2%) y Medio Oriente (3,3%)9.

Si ésta es la tendencia prevaleciente, lo que parece fuera de toda duda en cualquier caso es que la globalización requiere de una mayor discusión. Desde algunos ángulos del pensamiento vinculado a los criterios del Banco Mundial se ha comenzado a matizar la noción bajo la cual se ha venido instrumentando el fenómeno de la globalización. De una visión inicial fundamentalmente centrada en el concepto de “oportunidades”, hasta una más reciente formulada como una ecuación en la que las oportunidades resultantes tienen también sus “riesgos”. Al respecto encontramos a Joseph Stiglitz en el Informe sobre desarrollo mundial, 1999-2000: en el umbral del siglo xxı del Banco Mundial cuando escribía que: “La globalización es como una ola gigantesca, que puede arrastrar naciones a su paso o hacerlas avanzar”10.

Conviene detenerse frente a esta forma de argumentación. ¿Qué tan cierto es que la globalización acarrea oportunidades? En un reciente trabajo el mismo Stiglitz, al preguntarse por qué la globalización ha dado tal diversidad de experiencias, postula que ella tiene significados distintos según las condiciones en que se desarrolla. El núcleo central de razonamiento es que algunas naciones que han manejado por sí mismas la política de globalización han obtenido beneficios, incluyendo los distributivos porque han sabido controlar los términos de la economía. En cambio, las naciones cuyo desenvolvimiento económico y su involucramiento en la economía global han sido manejados por el FMI y otras instituciones internacionales no han obtenido buenos resultados. Tras criticar que la liberalización del mercado como política no garantiza el funcionamiento de ninguna economía, advierte –según sus investigaciones– que la globalización ha sido manejada mediante “procedimientos antidemocráticos y desventajosos para las naciones en desarrollo”. Y concluye: “El problema por lo tanto no reside en la globalización en sí, sino en la forma de manejarla” (Stiglitz, 2002, I). Aquí el problema no reside en el sistema que soporta la globalización, sino en la gestión, en la administración de la política. Por lo tanto, la globalización ha quedado resguardada y no está en discusión. Esta forma de argumentar llevada al terreno de la discusión y la política puede traducirse en verdaderas antiparras para el sistema global. Tanto que incluso puede perfectamente admitir sin ningún riesgo hasta radicales críticas a las propias recomendaciones del FMI o del BM.

Rasgos de la transición de un sistema global
Conviene detenerse un momento para preguntarnos, de nueva cuenta, más allá de los alcances interpretativos disponibles y el ropaje ideológico bajo el cual se nos presente la actual globalización, cuál es la articulación de los grandes intereses que han venido dinamizando su desenvolvimiento.
El hecho, no muy complicado de enfocar, es la idea ya bastante antigua de que el capitalismo en su desarrollo actual, en tanto sistema, va conformando un “mercado global”. La vocación expansiva es constitutiva de la reproducción ampliada del capital. El sistema mundial es un gran mercado donde los capitales, el trabajo y en general todas las mercancías, trastocando incluso el ámbito de las ideas, exigen circular libremente, sin mayores obstáculos en materia de regulación.

Entre esta clásica teorización vinculada al marxismo y las tendencias actuales del capitalismo como sistema global, evidentemente no podría afirmarse que existe una total identidad porque sabemos, entre otras cosas, que la historia no se repite al pie de la letra. Sin embargo, puede hipotetizarse que la perspectiva de aquel alcance interpretativo ilumina bastante los rasgos y las dimensiones fundamentales del proceso actual. Si esta consideración tiene una validez para pensar en la globalización, tendremos entonces que admitir que no estamos ante un fenómeno tan nuevo ni inmutable (Ferrer, 1997). Este salto en la reestructuración del sistema supone antes que nada la globalización de los mercados, lo cual a su vez requiere de profundas transformaciones en la relación capital-trabajo. Por la amplitud y profundidad del fenómeno, lo que se encuentra en proceso de globalización es el sistema capitalista (Ianni, 1998).

Además, mirada esta realidad desde el ámbito de sus requerimientos, a veces muy parecida a la voracidad (“competir con agresividad”, “asegurar rentabilidad a corto plazo”, “eliminar la ineficiencia”), se puede encontrar el móvil del sistema, es decir, la obtención de la máxima plusvalía que garantice su tasa de retorno al menor tiempo. Es claro que en esto no hay que perder de vista el costo, o la contraparte, que conlleva este grado de desarrollo alcanzado, y ello tiene que ver con el permanente problema de la crisis, uno de cuyos puntos resulta crucial toda vez que vincula con la otra necesidad del sistema, es decir, los requerimientos lógicos de su propia reproducción.

Las referencias conocidas ayudan para situar la crisis de la deuda como un momento en virtud del cual es posible identificar la modificación de la trayectoria del sistema desde la perspectiva latinoamericana. De allí el proceso de transición en el propio sistema. Las consecuencias en términos de procesos económicos y políticos se pueden caracterizar como la transición de una economía capitalista de desarrollo “hacia adentro” hacia la constitución de otro modelo dentro del mismo sistema, que por razones de entendimiento podríamos denominar de “desarrollo hacia fuera”, es decir, de economías abiertas. Si todo esto que se ha venido conformando es como se piensa, significa que estamos ante el desarrollo de un capitalismo distinto, sometido a una crecientemente aguda y sistemática exigencia de competitividad en los mercados internacionales y en todos los terrenos donde expande su dinámica.

En cualquier caso, lo que queda al margen de toda posibilidad de cualquier conjetura teórica son los lazos cada vez más estrechos entre nuestras economías parcialmente modernas y las economías del mundo, como uno de los rasgos inequívocos de este período. Y no precisamente en términos de una relación de equilibrada o recíproca interdependencia.

El hecho aparente de que “todos dependen de todos” esconde las asimetrías en un tipo de relación Norte-Sur que no sólo no ha cambiado sino que se ha profundizado. Un ejemplo importante es que el impacto de las crisis no golpea a todos por igual, sino que el costo se transfiere a los eslabones débiles de la cadena de globalización, es decir, a América Latina y desde luego a todas aquellas latitudes donde se localizan los países “en vías de desarrollo” o “economías emergentes”. La siguiente cita es, a nuestro juicio, de utilidad para pensar en esta línea argumental: “Las décadas de los 80 y de los 90 han estado marcadas por la hegemonía indiscutible del capital financiero. La libre circulación internacional de los capitales sin controles ni restricciones constituye el motor de la mundialización. La globalización de los mercados financieros corresponde a una privatización y una desregulación del sistema financiero internacional que se desarrolló sobre una base principalmente especulativa. Los movimientos de los capitales internacionales se autonomizaron de las variables reales de la economía mundial. Estos movimientos (...) se realizan fuera de toda forma de regulación o de control de parte de las autoridades monetarias nacionales o supranacionales, y limitan la autonomía de las políticas económicas de los países aumentando el riesgo sistémico de crisis” (Rimez , 1996, 37).
La cita de marras sugiere elementos importantes para pensar que no es precisamente el mundo de la gran producción, sino el de la especulación, la dinámica exacta en donde se puede examinar la articulación de los grandes intereses que otorgan sentido al desenvolvimiento de la economía mundial. Conviene reconsiderar el modelo en cuanto a su propia eficiencia, toda vez que lo que está en cuestión son los criterios de hacer que la economía dependa de los movimientos en las tasas de interés, del valor de las acciones en las bolsas y del tipo de cambio.
Si esto es así cabrían principalmente dos derivadas que convienen ser apuntadas. En primer lugar, la globalización de los mercados –con esa capacidad de movimiento de capitales sobre la base del descontrol (o política de “desregulación”, convertida en criterio para otorgar certificado de buena conducta económica a la gestión gubernamental)– profundiza las condiciones de inestabilidad financiera, con la consecuente amenaza de que se desencadenen las señales de crisis en el sistema. En segundo lugar, y en relación con lo anterior, la amenaza convertida en hecho a través de una secuencia de “turbulencias”, según la denominación en boga (el febril entusiasmo financiero a corto plazo anticipa la depresión también a corto plazo), hace referencia a un verdadero comportamiento de regularidad.
En la línea de los señalamientos anteriores hay algunos momentos de verificación que no podrían soslayarse: la crisis de la deuda externa en 1982 con las consecuencias ya conocidas en la economía de América Latina, el crack de la bolsa de 1987, la caída de la del Japón en 1992, la crisis financiera de México en 1994 y la crisis bursátil asiática ocurrida al filo de la cuarta semana de octubre de 1997. Sin ser exactamente iguales estas coyunturas, contienen sin embargo algunas regularidades de las cuales conviene destacar dos: los factores que inciden en las políticas de desarrollo, entre ellos los recursos financieros, terminan escapando por completo a las posibilidades de ejercer un control nacional; y, de otro lado, las repercusiones de la crisis se trasladan a la región redimensionando sus incertidumbres al finalizar la década de los 90 en términos de un escenario recesivo (Cepal, 2000).
América Latina es considerada como la región que de manera más sensible recibió el impacto negativo del fenómeno, siendo probablemente la economía brasileña un buen ejemplo de ello: aquí, en menos de una semana, no está demás recordar, se registraron pérdidas cercanas a los 10.000 millones de dólares en las reservas internacionales11. Y la situación general exigió la aprobación de un “ajuste económico” a través de severas medidas de corte fiscal con un costo social previsiblemente muy agudo: aumento en el impuesto a la renta, en los aranceles de importación, disminución de los subsidios, en el gasto público y la solicitud de una ayuda de 18.000 millones de dólares al sistema financiero para evitar la devaluación de la moneda nacional12.

Globalización y mercado
Una mirada desde América Latina sugiere sugiere entonces que la globalización no es para todos. En esta globalización hay quienes pierden y quienes ganan. Hay una guerra de dimensión económica, comercial y financiera no declarada, cruel (para muchos) y sórdida bajo las formas de una competencia desigual. El proceso de globalización es decididamente diferenciador. En su dinámica la región no sólo ha profundizado las asimetrías estructurales en el orden “externo”. Internamente las desigualdades sociales no son menos ni menores.

Ninguna política, incluyendo las de naturaleza compensatoria, ha logrado modificar la tendencia de la desigualdad acumulativa expresada en los índices de pobreza y distribución inequitativa del ingreso. Con casi la mitad de los hogares de la región en condiciones de pobreza y con demandas sociales que se multiplican en los más diversos terrenos, pasando desde luego por salud, vivienda, empleo, educación y seguridad social, la acción gubernamental den-tro del esquema económico vigente dispone de muy poco margen para impulsar políticas articuladas dentro de una estrategia coherente13.
Estas desigualdades sociales superpuestas (de clase, étnicas, raciales, de género, religiosas y hasta regionales) sólo se han agravado bajo el impacto que provoca la instrumentación de la política de “libre mercado”. Hace falta construir nuevas miradas que sirvan para profundizar el análisis y que permitan construir respuestas comprensivas a lo que significa el actual proceso de globalización desde el punto de vista de las tensiones sociales y políticas.

Por lo pronto, cabe registrar el significado de las consecuencias sociales de la competencia entre desiguales. El mercado, en el contexto del actual modelo económico global, es extremadamente desequilibrado para asignar recursos en el ámbito de los espacios regionales y locales, si nos atenemos a las necesidades sociales colectivas.

Flexibilización de las relaciones laborales, disminución de las oportunidades de empleo, precarización e informalización del trabajo e incremento de la pobreza y las desigualdades, son escalones sociales descendentes convertidos en un verdadero itinerario de regularidad14. El fenómeno no es privativo de América Latina y otras áreas “en vías de desarrollo”. Si la precarización alude a la fuerza laboral desempleada o subempleada, habría que indagar lo que tal escalonamiento representa desde el punto de vista de la capacidad de representación y negociación de los intereses de los sujetos identificados con el ámbito laboral.

En tal contexto lo que parece más probable es una continuación de la crisis social que se seguirá expresando en un deterioro cada vez más acentuado de las condiciones de vida de la población. A pesar de los esfuerzos de focalización instrumentados en nuestros países, es un hecho bastante conocido que la pobreza absoluta no disminuye. Está fuera de duda que, por otro lado, el llamado sector informal seguirá creciendo, mientras el empleo de acuerdo con los datos de la Cepal disminuye en relación con el aumento de la población económicamente activa. Crecerá previsiblemente, por tanto, la economía subterránea o informal y el comercio no regulado, profundizándose la descomposición social que se ha venido desarrollando entre nosotros con sus expresiones de criminalidad, violencia social, drogadicción y tráfico ilegal de todo tipo.
Globalización, seguridad y bienestar
Las condiciones socioeconómicas y políticas que le sirven de fundamento al cuadro social descrito no pueden disociarse de los criterios que rigen la instrumentación de las políticas económicas actuales predominantes. Su proyección ha coincidido con el despliegue de poderes supranacionales que operan con débiles o casi inexistentes contrapesos institucionales. Por ejemplo, a la desaparición del Pacto de Varsovia le sucede un fortalecimiento de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ante un mundo cada vez más diverso parece enteramente razonable una revaloración de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, principalmente la cúpula de miembros permanentes, requiere de un análisis en la perspectiva de una puesta al día de sus objetivos frente a los problemas contemporáneos que afectan las relaciones económicas y políticas internacionales. En otro plano, las estructuras multilaterales de decisión financiera y comercial no están fuera de esta preocupación. El sistema internacional como tal, en su capacidad de decisión y veto, no puede ser una simple caja de resonancia de los designios del poder mundial.

El asunto en discusión es la eficacia del sistema internacional. Entonces el cuadro mundial puede considerarse potencialmente explosivo, más todavía si se evalúan los intereses y creencias afectados con agresivas políticas invasivas o de intimidación por parte de las grandes potencias. El estereotipo del traficante, del mendigo o asaltante, o del terrorista a punto de cometer una acción temeraria, o el sentimiento colectivo de temor e inseguridad, el resentimiento acumulado de carencias en los cinturones de miseria, tanto en los países ricos como en los pobres, parecen imágenes exageradas, pero que no tienen nada de gratuidad.
Dentro de este abigarrado escenario, los problemas se globalizan, generando nuevas y variadas amenazas a la seguridad humana (PNUD, 1999, 3). En tales circunstancias, que no parecen transitorias, hay que preguntarse, qué tipo de globalización nos aguarda ante la casi imperativa oferta de que no existe otra forma de desarrollo e integración. Desde América Latina nada impedirá, desde luego, que simultáneamente se produzca la integración de ciertos “sectores de punta” a la economía global, los cuales serán presentados –a la medida del consumo propagandístico– como ejemplo a seguir. Otros, probable-mente un conglomerado importante, quedarán simplemente excluidos o como población sobrante de la modernidad con lo cual queda de manifiesto que la globalización no es global ni es para todos.

Sin embargo, conviene enfatizar en los aspectos concomitantes a este proceso cuando el principio de la competitividad se ha colocado en el centro de los criterios de la economía mundial. Señalemos tan sólo algunos. La competitividad, ciertamente, puede operar como estímulo para impulsar avances en el campo tecnológico y elevar los niveles de rendimiento, lo cual puede acarrear menores costos de producción. Producir en menor tiempo y con menos recursos implica afectar el nivel de desempleo que tiende a crecer. Suele ocurrir dentro de esa compleja dinámica que el “sector de punta”, es decir, aquel que ha logrado un incremento significativo de las exportaciones, tiende a reducir su participación en la ampliación del mercado laboral. En tales circunstancias, el crecimiento allí obtenido no está llamado a favorecer la generación de empleo. Cabe esperar, entonces, que los beneficios sobre el conjunto de la sociedad serán previsiblemente mínimos, y no pasará de ser puntualmente el “sector moderno”, lo cual acentuará a su turno la heterogeneidad estructural históricamente existente entre los sectores que componen el aparato productivo de las economías locales.
¿Es ésta la perspectiva de globalización que nos espera? Muy probablemente. Conscientes estamos de que nuestras apreciaciones ameritarían muchas especificaciones, matices y, técnicamente, verificaciones múltiples si tuviéramos que hacer referencias directas con el auxilio de indagaciones particulares. Pero la plausibilidad no es desmedida, aun dentro de consideraciones aproximativas como las nuestras. De allí es que cabría la afirmación de que ninguna sociedad actual sería milimétricamente igual a los rasgos señalados. Sin embargo, es muy probable que ninguna sea totalmente ajena o distante a dichos rasgos.
Y es aquí donde cabe introducir otra dimensión de análisis y que toca de modo más directo la problemática que se conoce como “el bienestar de la población”, para la cual resulta pertinente extractar una reciente caracterización: “Altos niveles de desigualdad y rigidez en la distribución del ingreso son características que persisten en la región en los noventa, incluso en los países que han logrado tasas de crecimiento muy elevadas” (Cepal, 1997,41).
Diagnóstico correcto. Sólo que de allí no se infiere necesariamente que a mayor tasa de crecimiento corresponderá en algún momento y de modo proporcional una mayor disminución de la desigualdad distributiva. Y éste es un asunto de fondo. El modelo de sociedad vigente que corresponde al proceso de globalización secreta, desde la política, una imagen de futuro bienestar. Es como si el crecimiento que de la economía puede generarse, en algún momento, tendrá la capacidad de desarrollar una dinámica de “desborde” que habrá de derramar de manera natural sus beneficios al conjunto de la sociedad. Es importante buscar una agenda de discusión que conceptualmente permita abordar el impulso a un mayor crecimiento y a la vez resolver los problemas sociales como la pobreza y la desigualdad. Más aún cuando esta cuestión tiene vínculos con los problemas de la democracia (Kurzeniewicz y Smith, 2000).

Sin embargo, la historia de las últimas dos décadas contradice esta posibilidad, la del “desborde”, convertida en peligroso espejismo. En América Latina, ni siquiera en los períodos de relativo auge económico la rigidez en la distribución alcanza a modificarse. ¿Por qué? Porque el modelo no posee virtudes distributivas. Su principal característica es la de generar procesos de concentración de la riqueza.

El punto al cual conduce el razonamiento anterior obliga a algunas precisiones. Comencemos por señalar que la desigualdad social no constituye un fenómeno natural. Es el resultado de un modelo de desarrollo que se reproduce a través de ciertas estrategias y políticas particulares, y que también se justifica con base en ciertas construcciones ideológicas que le sirven de sostén reproductor. Por tanto, podríamos afirmar que existe una producción social de la desigualdad y que corresponde a un cierto orden social construido y por tanto modificable.

Las economías de América Latina y el Caribe, como es de sobra conocido, se han visto impelidas a realizar ajustes bajo diversas justificaciones. Sin embargo, tales ajustes lejos han estado de poseer un “rostro humano” como se ha dicho en una muy divulgada literatura. El agobio material de la inmensa mayoría, aunado a un difuso de horizonte político, contribuye a alimentar esa falsa creencia, o espejismo, de que hablábamos, cuyo alcance puede encontrarse en la idea de que las actuales políticas cuentan con consenso o consentimiento social. Y este consenso que opera como necesidad política aparece como si fuera un resultado. Convendría explorar el ámbito de la conciencia social, porque probablemente encontremos juicios o prejuicios en la ciudadanía vinculados al temor de que algo todavía peor puede suceder si no se intenta ese paso.
Pero la realidad actual, a la luz de los registros disponibles y más allá de los posibles temores o falsas creencias, sugiere que cuando la economía segrega y polariza socialmente, resulta inverosímil forjar una genuina política de consenso. La ausencia de réplica o de repuesta proporcional a la envergadura de los problemas sociales no implica necesariamente que se esté forjando un consenso. Porque un consenso genuino, en estricto sentido, significa participación activa de la ciudadanía en los procesos de decisión y desde luego en la instrumentación local, regional y nacional de las medidas. No resulta ocioso imaginarse qué pasaría si la ciudadanía fuera consultada, amplia e informadamente, acerca de sí está de acuerdo con que se sigan aplicando políticas de flexibilización laboral y de apertura de las economías a la competencia.
Globalización y soberanía
Las ideas de soberanía, de cierto decoro y dignidad nacionales, van convirtiéndose en piezas de arqueología. ¿A cambio de algo “tangible” por lo menos? Hasta ahora, pareciera que no (Cueva, 1993, 9).
La sospecha del sociólogo ecuatoriano estuvo lejos de ser exagerada. En primer lugar, lo que durante el período de los 80 se consideró como década perdida no constituye un episodio del pasado. La tendencia de los signos negativos en los registros socioeconómicos si bien no son idénticos todavía se mantiene.

Llama la atención, en efecto, cómo el avance de la globalización, que irradia a su paso un mundo de oportunidades, se encuentra acompañado de la profundización de las restricciones previamente constituidas. Las sociedades de la periferia no son más soberanas, ni siquiera para decidir sobre sus recursos. Cada vez más las decisiones tienden a ser adoptadas lejos del movimiento real de las necesidades del desarrollo. Como lo señala Aldo Ferrer, “el sistema es gobernado por las expectativas y decisiones de los operadores privados y no por el poder político. Periódicamente, en los sistemas democráticos los electores eligen a sus gobernantes, pero los mercados votan todos los días. Estos son, en definitiva, los que deciden” (Ferrer, 1996, 1368).

No hace falta insistir demasiado para mostrar que hay una sensible problemática que compromete las posibilidades de adoptar decisiones en función de los problemas que aquejan a la realidad regional. A este respecto, aunque haya perdido aparentemente importancia, el pago por servicio de la deuda sigue siendo una transferencia onerosa. El comportamiento de este fenómeno es parte sensible de las estructuras dentro de las cuales la periferia se relaciona con el mundo desarrollado. Esta relación de dependencia, para el caso de las economías latinoamericanas, reduce sus márgenes de maniobra y de autodeterminación así como su capacidad de relacionarse con el sistema productivo dinámico de los centros.

Para evitar interpretaciones equivocadas, es útil externar la idea de soberanía que nos preocupa. Lejos de cualquier visión ramplonamente autorreferente, de lo que se trata precisamente es de revalorar el significado de la soberanía en un contexto de globalización, no para aislarnos ni enclaustrarnos, cosa que además nunca ha ocurrido, sino precisamente para integrarnos a plenitud en las posibilidades del mundo contemporáneo, pero como sociedades con capacidad para autodeterminarse, de decidir sobre sus recursos y en definitiva sobre su destino.
Globalización y gobernabilidad
Aparentemente una dimensión nada tendría que ver con la otra. Sin embargo, la globalización y los procesos que involucra son de una fuerza tal que parecen invadir todas las prácticas sociales, sean individuales o colectivas, impulsando dinámicas nuevas y reproduciendo otras antiguas de manera que parecen descontroladas. Una de ellas tiene que ver con la rapidez con que transcurren los hechos de la política, obligando permanentemente a una nueva lectura de la misma. Este es el caldo de cultivo para la tecnificación de la política. El vector de este cambio en la política señala la transformación de una discusión sobre fines en una discusión sobre medios. Hoy casi no se discuten problemas referidos a plataformas programáticas ni cómo se constituyen o reconstituyen las estructuras de poder. La tendencia, casi cerrada, está dada por sistemas políticos que tienden al binominalismo en casi todos los terrenos donde se dinamizan objetivos en pugnas.

Los procesos que gravitan alrededor de la democracia en América Latina son negociaciones acotadas en el espacio de un sistema globalizado, cuya expresión más generalizada ofrece la apariencia de intereses primordialmente coincidentes. Pero se trata de un capitalismo de mercados interconectados, de libre concurrencia global, con condiciones laborales precarizadas, especialmente en los países de la periferia.

La diferenciación interna dentro de la globalización debiera merecer una mayor atención. Pareciera que no hay otra salida que sortear las dificultades del desarrollo tecnológico a través de una masa laboral de reserva subcalificada. Este sistema social globalizado, más que el de la fase anterior que se forjó bajo las políticas del llamado “Estado de bienestar”, parece exigir, para su consolidación y reproducción, la existencia de una masa de trabajadores precarios y pauperizados como parte de su lógica encaminada a enfrentar los requerimientos de la competitividad.

Sin embargo, el modelo global en su funcionamiento registra peligrosamente la acumulación o acentuación de problemas que no encuentran cauces resolutivos. Sus políticas tienden a ser globales. Y al desconocer fronteras, propenden hacia una estandarización de criterios y pautas de comportamientos. Políticas económicas que responden a una misma matriz, pensadas para países y regiones muy diversos, cuya aplicación genera a su turno diversos procesos de segmentación social. Pero por debajo de la superficie de esta envolvente dinámica globalizante, las sociedades, las regiones y los diversos colectivos culturales conservan un arraigo en sus referentes de identidad, que reconocen una historia, desafíos y una memoria aunque no se expresen en conductas articuladas. Aquí probablemente pueda escudriñarse la búsqueda por recuperar núcleos constitutivos del tejido social segmentado por el contexto de la globalización.

El modelo global de sociedad demanda políticamente instrumentos de concertación que garanticen la gobernabilidad. ¿De qué gobernabilidad estamos hablando? De la gobernabilidad política del modelo en cuyo desenvolvimiento social puede identificarse una extensa agenda que compromete objetivos democráticos, tanto a escala nacional como internacional. Si esto es así estamos ante un problema de gobernabilidad democrática. Entonces, ¿cómo hacer gobernable políticamente un modelo cuya dimensión económica al desplegarse no integra sino que produce marginación, exclusión o segregación? ¿Cómo podría desarrollarse en tales condiciones un proceso de genuina cuidadanización que presupone la gobernabilidad democrática?

A su vez, la lógica del modelo exige la necesidad de una región latinoamericana políticamente estable, apoyada en consensos activos. Aquí se asoma todo un nudo problemático que compromete a los actuales procesos políticos. Se trata entonces de evitar que el modelo de sociedad genere fisuras irreparables, aunque contiene por su propia configuración política, económica y cultural los gérmenes de la ingobernabilidad.

Muchas pueden ser las implicancias de esto en términos de procesos políticos. Algunas de ellas se expresan en la necesidad de proyectar estructuras gubernamentales dóciles que acaten los parámetros de una democracia tutelada y restringida, que lleven a cabo elecciones con la mayor concurrencia posible, consensos limitados a pactos políticos que garanticen que el modelo económico y las estructuras fundamentales del Estado no habrán de sufrir modificaciones importantes, que sus políticas aseguren ampliamente una economía de mercado, concertación de fuerzas políticas (“actores relevantes”) dispuestas a la relación comercial, y sobre todo predispuestas a acatar los criterios de condicionalidad establecidos por el sistema financiero internacional como fórmula de modernización.

¿Se ha intentado algún esfuerzo serio por colocar un contrapeso o adoptar iniciativas distintas para encarar esta situación? El saldo general de los procesos referidos a prácticas gubernamentales que encierra la historia reciente sugiere que en América Latina no se han transgredido mayormente ninguno de los lineamientos globales. Lo que sobresale generalmente en esferas oficiales (a reserva de todos los matices del caso y las escasas excepciones) es el afán de obtener un sitio al lado de los poderes financieros y convertirse en aliados de ruta en esa ambiciosa tarea de impulsar una “zona de libre mercado” en el itinerario del proceso de globalización. ¿Hay acaso algún resultado que amerite una mejor valoración de esta política para seguirla practicando? En lo que va de la última década ningún país latinoamericano –al parecer– ha conseguido nada significativo, y menos aún alguna cuota sustantiva de beneficio y seguridad para el bienestar de sus pueblos.
A manera de conclusión
El incuestionable y vertiginoso desarrollo de la globalización, su gravitación sobre la economía, la política y las relaciones internacionales, están transformando la realidad de nuestros países. No se trata de un mero factor externo, toda vez que las sociedades latinoamericanas forman parte de un sistema en proceso de globalización a niveles nunca antes vistos. Diversas son las implicancias que acarrea una discusión sobre el fenómeno. Frente al simplismo del rechazo reactivo, del acoplamiento adaptativo inexorable, de la revaloración nostálgica de un pasado o de las construcciones que invocando problemas tan reales como la pobreza o la desigualdad ocultan la envergadura sistémica del proceso en marcha, conviene regresar al señalamiento formulado al principio. No parece plausible ni el fin de la historia ni la superación de los Estados. Tampoco la continuidad evolutiva, casi lineal, de un sistema mundial. La colocación en tela de juicio de algunas posturas tiene que ver con una tendencia dentro de la cual escasamente se problematiza el tipo de globalización que se ha instalado entre nosotros. Si esto es una insuficiencia hace falta profundizar en el significado de las ideas que acompañan las formulaciones sobre globalización y sus implicancias en la discusión latinoamericana.

Al identificar algunos domicilios teóricos o conceptuales de las representaciones o ideologías, se abre la necesidad de su reconocimiento en los procesos políticos. La actual globalización acelera la modernización, pero profundizando las asimetrías existentes y ensanchando desbalanceadamente la brecha entre nuestros países y el desarrollo de las sociedades más avanzadas del capitalismo actual.

Entre las implicancias de este envolvente movimiento destacan las dificultades de adoptar en los Estados nacionales políticas que respondan a los objetivos locales. La agenda estatal como problemática pública y nacional queda desfigurada. Los referentes sociales y políticos se han desplazado del Estado al mercado sin que implique el surgimiento de un mecanismo más avanzado para articular y asignar recursos en función del bienestar. En tal contexto la competencia entre desiguales acelera la segregación y el proceso de exclusión incubando gérmenes de ingobernabilidad, cuando el sistema –paradójicamente– exige mayores condiciones de estabilidad para su reproducción.

Son las situaciones deficitarias y las expresiones de crisis las que mejor muestran la índole de la globalización en curso. A partir del dimensionamiento de sus señales o indicadores se aprecia mejor que estamos ante un sistema reconstituido. Pocos fenómenos como éste nos acercan tanto a los estudios latinoamericanos en la relación entre política y poder, entre Estado y mercado, entre gobernabilidad y democracia, entre el desenvolvimiento de la región en su conjunto y el sistema internacional. Y junto con estas reflexiones, a manera de epílogo, de nuevo la inevitable mirada a la terca realidad en sus expresiones inmediatas, siempre escurridizas, para valorar si los razonamientos y las intuiciones aquí ordenados están en la ruta de las preguntas que surgen en este tiempo a propósito de la globalización vista desde un diagnóstico latinoamericano.

LOS MEDIOS DE COMUNICACION EJERCEN "UN TOTALITARISMO BRUTAL"

En la presentación de la revista Crítica y emancipación, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), el científico social Emir Sader advirtió que los grandes medios de comunicación privados ejercen "un totalitarismo brutal", mediante el que condicionan a los gobernantes a actuar para los intereses de la pantalla chica, y quienes se niegan a hacerlo "sufren ataques de discriminación" muy fuertes.Al presentar la revista, considerada por académicos como espacio llamado a pensar de un modo diferente el debate sobre la democracia, el Estado y el poder, el actual secretario ejecutivo del Clacso señaló que hay gobiernos que no tienen el coraje de enfrentar a estas empresas de comunicación mercantilistas, porque se sienten dependientes de ellas "electoralmente". Sin embargo, añadió, dichos medios crean una realidad ficcional, mientras que la verdadera la rechazan y se niegan a aceptarla.Reunidos en la vicerrectoría de la Universidad Iberoamericana (Uia) para participar en la presentación de este nuevo proyecto editorial, investigadores de las ciencias sociales se congratularon del nacimiento de la revista, al coincidir en señalar que se trata de una convocatoria abierta, libre y plural –cuyo punto de partida es la crisis que atraviesa el pensamiento crítico latinoamericano–, para buscar desde ese horizonte nuevas perspectivas y preguntas a los grandes problemas que atañen a nuestros pueblos.
Crisis de la democraciaEmir Sader, coordinador de la Enciclopedia contemporánea de América Latina y el Caribe, explicó que "vivimos precozmente una crisis de la democracia" en la que de alguna manera los estudiosos fueron "cómplices de adjudicarle expectativas muy altas" y contribuyeron poco a dar diagnósticos preventivos sobre los procesos de acumulación y los conflictos en torno a las identidades culturales.De este modo, apuntó que existe una crisis social, cultural, política e incluso de hegemonía teórica, y evidenció la ausencia de la "teoría de nuestra práctica". Por ejemplo, dijo, Bolivia y Ecuador "están refundando el Estado y no se está teorizando sobre qué se está reconstruyendo".Más tarde, en una breve entrevista, expresó que no habrá democracia en América Latina sin la democratización de los medios de comunicación.Los grandes medios de la iniciativa privada representan "la dirección de la derecha en el mundo y los gobernantes tienden a dejarse atrapar y a gobernar para la pantalla chica; incluso, utilizan frases adaptadas a lo que los medios van a difundir y los que no lo hacen sufren ataques y discriminación. Por ejemplo, no se ha hablado lo suficiente de cómo los medios venezolanos montaron el golpe contra Hugo Chávez", afirmó el también colaborador de este diario.En su turno, el coordinador del posgrado en estudios latinoamericanos de la máxima casa de estudios, Lucio Oliver, consideró que entre otros de los aspectos sobresalientes de la revista se encuentra su perspectiva en relación con el mundo de la ideología y de la cultura, hoy día dominado por los grandes medios de comunicación y por una "seudo-intelectualidad" que plantea una falsa autoridad sobre los problemas.De manera que Crítica y emancipación es un "llamado a trabajar conjuntamente para revertir el dominio de esta seudo-intelectualidad en los medios de comunicación", así como a pensar de otra forma los debates sobre el poder, la democracia, el Estado y la política, añadió.
Por su parte, el coordinador del seminario permanente sobre gobernabilidad en América Latina, de la Uia, Darío Salinas, enfatizó que frente a la sociedad y a las perspectivas complejas del siglo XXI, se requiere saber leer en cada uno de los acontecimientos de la región: "se requiere saber mirar, como diría Galeano, la historia grande a través de los pequeños acontecimientos".

Karina Avilés • La Jornada